From article in Vanguardia, Mexico:
En su sesión de hoy, el Sistema Nacional calificó como improcedente la solicitud del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) para investigar la ola de asesinatos dolosos de mujeres en el estado de México.
El 20 de julio de 2009, el Sistema Nacional rechazó otra solicitud por agravio comparado para Guanajuato, por las reformas que penalizan el aborto en la entidad, pero al igual que esta ocasión, el Sistema descartó la investigación.
Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del OCNF y abogada de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo a Cimacnoticias que este hecho demuestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Añadió que durante la reunión de hoy el Sistema, presidido por la Secretaría de Gobernación, “los argumentos se politizaron, se habló de que la AVG era un golpe para el gobernador priísta y no fundaron la improcedencia en argumentos de hecho o jurídicos”.
En cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2010) los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922, según
datos de la propia Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM). “Pero este hecho no les parece suficientemente grave (a los integrantes del Sistema Nacional) como para iniciar una investigación”, acusó Pérez Garrido.
De acuerdo con la PGJEM, en 2005 se registraron 98 homicidios dolosos de mujeres, en 2006 hubo 138, en 2007 161, para 2008 176, en 2009 ocurrieron 205 y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144. Para colmo, de cada 10 asesinatos dolosos de mujeres 9 están en la impunidad.
En la sesión del Sistema, detalló, cuya Secretaría Ejecutiva es ocupada por el Instituto Nacional de las Mujeres, las y los integrantes “dijeron, incluso, que los tratados internacionales firmados por México, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, no son vinculantes para el Estado de México”.
Además, el Sistema Nacional cuestionó las estadísticas utilizadas por el OCNF en la solicitud de AVG por la violencia feminicida en la entidad, a pesar de que los datos se basan en información proporcionada por la PGJEM.
La improcedencia de la investigación muestra que “las autoridades mexicanas no tienen ningún compromiso con los derechos de las mujeres”. Y envía el “mensaje incorrecto” a la sociedad: “la violencia de género no existe, por lo que ésta no se atiende, ni previene, dejando a las mexiquenses en la indefensión”, lamentó Ana Yeli Pérez.
Con ello, el Sistema, integrado por las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, entre otras, “minimiza los asesinatos de mujeres por su condición de género, pues en el
fondo no se trata de si las cifras coinciden, el problema de fondo es que no debe haber una sola mujer que muera por ser mujer”, declaró por separado a Cimacnoticias la ex legisladora Angélica de la Peña.
La también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres indicó que tras el cuestionamiento de las autoridades acerca de la precisión de las cifras, está la falta de voluntad política y de compromiso efectivo para cumplir con las leyes que protegen la vida de las mujeres.
La AVG es un mecanismo derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la cual entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y su reglamento fue publicado el 11 de marzo de 2008.
Frente a la decisión del Sistema, integrado también por la Procuraduría General de la República, los institutos estatales de las mujeres y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el OCNF anunció que interpondrá un recurso legal que aún está por definir.
El OCNF, integrado por más de 40 organizaciones del país, ha hecho tres solicitudes para decretar la AVG: Oaxaca y Chihuahua (por violencia feminicida), y Guanajuato (por agravio comparado).
